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Urge transparentar el destino y el recurso que se ha invertido en el Censo para el Bienestar

Rigoberto Mares Aguilar, diputado federal de Baja California Sur, manifestó su preocupación por el comienzo de la aplicación del denominado CENSO PARA EL BIENESTAR que

levanta en el país un ejército de los llamados “Servidores de la Nación” y que aparentemente buscaría identificar los beneficiarios para los 25 Programas Prioritarios ofrecidos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su campaña.

El legislador federal señaló solo algunas de las dudas que han surgido en relación a la aplicación del censo, por ejemplo: ¿Cuál el padrón sobre el que se trabaja? ¿Es el padrón de SEDESOL, del que estarían legalmente impedidos a utilizar?¿qué dependencia es la encargada de recopilar los datos? ¿Cuál será el destino de la información recabada? ¿Qué garantía existe de la observancia de la Ley General de Protección de Datos Personales?

Por otro lado ¿Quién paga la elaboración del censo? ¿Son acaso los recursos destinados al proceso de transición? Tales recursos ¿no se encuentran etiquetados y pueden emplearse en actividades distintas a las previstas? ¿Se rinden cuentas de ellos? ¿qué normatividad de transparencia existe al respecto?

Rigoberto Mares refirió que si bien “coincidimos plenamente con la necesidad que hay en el país de nuevos enfoques y mayor efectividad en la atención de las necesidades de los que menos tienen, también señalamos que resulta incongruente que el censo se levanté con la finalidad de detectar a los beneficiarios de los programas anunciados en campaña por el presidente electo, pero no se ha presentado siquiera el paquete económico 2019 con las respectivas leyes de Ingresos y Egresos del Federación, mucho menos aprobado y solventado el soporte económico para ejercerlo.”

“Estamos a más de mes y medio de distancia de que el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador entre en funciones, luego de la incuestionable victoria en las urnas del pasado 1º de Julio y no entendemos cuál es el objetivo de estas acciones irregulares, que violentan la legislación, la práctica censal, la protección de datos personales y ponen en duda el uso político de la información.”, señaló Rigoberto Mares y de la misma forma exigió una inmediata explicación de lo que ocurre ya en Baja California Sur y en todo el país, la transparencia total de las prácticas que se llevan a cabo, la corrección de las irregularidades y la sanción a las violaciones que se compruebe son llevadas a la práctica.

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